Luis y Carlos Orta-Santoro tienen 19 años, son gemelos, son venezolanos y juegan fútbol con beca en Wallace State Community College, en Alabama. Volvían a la universidad después de visitar a sus padres en Georgia cuando la policía los paró en el condado de Talladega por, supuestamente, no detenerse el tiempo suficiente en una señal de pare. De ahí terminaron en manos de ICE. Según sus padres, los tenían en la cárcel del condado de Pickens y este martes iban a ser trasladados a un centro de detención de ICE en Luisiana, informó WAFF, la televisora local que ha seguido el caso.
Lo que hace que este caso le importe a tanta gente de la diáspora es el papeleo que tenían encima. Según la familia, los dos tienen solicitudes de asilo pendientes y permisos de trabajo vigentes hasta 2030. No tienen antecedentes penales, según su defensa, citada por agencias en El Nacional, que también recoge su denuncia de que durante la custodia los encadenaron por la cintura y los esposaron de manos y pies.
La respuesta de ICE, firmada por su vocera Melissa Egan y publicada por WAFF, no deja mucho margen: “El 5 de noviembre, ICE arrestó a Carlos Orta-Santoro y Luis Orta-Santoro, extranjeros ilegales de Venezuela”. Dice que entraron legalmente el 21 de junio de 2022 con un permiso temporal y que luego “se quedaron más tiempo del permitido”. Y remata con la frase que yo quiero que lea todo venezolano con un caso abierto en Estados Unidos: “Para ser claros, las solicitudes pendientes NO confieren estatus legal”. El comunicado termina, como ya es costumbre, ofreciendo 3.000 dólares y un vuelo gratis para autodeportarse.
Aquí está el punto que muchos no tienen claro, y que el abogado de inmigración Joshua Crumbley le explicó a WAFF: un permiso de trabajo y un estatus legal no son lo mismo. Tener autorización para trabajar mientras se decide un asilo no te protege necesariamente de una detención. Crumbley dice que, por lo que ha leído, él no los consideraría indocumentados, y que podrían calificar para una fianza que les permita seguir su caso de asilo en libertad. Eso lo decide un juez de inmigración, no la policía que te para en la carretera.
Yo les digo lo que veo. Hay miles de venezolanos en la misma situación de estos muchachos: entraron con algún permiso temporal, pidieron asilo, sacaron su permiso de trabajo y viven convencidos de que ese plástico los protege. Este caso demuestra que no. Si ustedes están así, vale la pena tener a mano el número de expediente de su caso, una copia del recibo de la solicitud de asilo y el contacto de un abogado, y que la familia sepa que puede buscar a un detenido con el localizador de ICE en locator.ice.gov. Esto no es asesoría legal, y cada caso es distinto, así que lo que corresponde es consultarlo con un abogado de inmigración o una organización acreditada antes de que pase algo, no después.
El entrenador de los muchachos los describió como “seres humanos increíbles” y “fantásticos estudiantes atletas”, y la universidad dijo que espera “una resolución positiva”. Estaban a días de jugar un partido de campeonato. Lo que me pregunto es cuántos venezolanos más, con su asilo en trámite y su permiso al día, van a descubrir en una parada de tránsito que lo que tenían en la cartera no valía lo que creían. ¿Ustedes conocen casos así en su ciudad?