Les cuento lo que está pasando en Ramo Verde, porque es de esas cosas que no salen en las ruedas de prensa de la Asamblea Nacional. Desde el lunes 9 de noviembre a las seis de la mañana, un grupo de militares presos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Miranda, dejó de comer. Son 32 sargentos y cuatro tenientes, según el relato de sus familiares a la periodista Sebastiana Barráez en Infobae (el mismo texto habla en un pasaje de 33, así que la cifra exacta todavía baila). Duermen en carpas en la cancha. Y lo que denuncian las familias es grave: que el jefe de régimen, el mayor Ramón Navarro, los aisló ahí y les negó el agua y el acceso a los baños, supuestamente por orden del director del penal, el capitán de navío Leover Alfonso Pachano Gómez. Una huelga de hambre sin agua deja de ser una protesta y se vuelve una carrera contra el reloj. Hasta la publicación de Infobae ninguna autoridad había ido a hablar con ellos ni, según dicen, los había evaluado un médico.
La protesta la empezaron los del caso Cotiza, y aquí está el dato que a mí me parece el centro de todo. Lisnel Hernández de Martínez, esposa del sargento mayor de tercera Geomer Martínez Natera, asegura que los 21 sargentos de ese caso cumplieron la totalidad de su condena el 24 de octubre. “Tenemos el cómputo totalmente legal firmado por la jueza militar capitán Carmen Victoria Jaspe”, dijo. Es decir, si lo que dice la familia es cierto, no estamos hablando de gente que pide un beneficio, sino de gente que ya pagó la pena completa y sigue presa. Según las familias, la excusa es una apelación presentada por tres de los 24 sargentos del caso. Con ellos se sumaron militares de otras causas que el chavismo convirtió en expedientes de “traición”: la Operación Libertad del 30 de abril, el caso Sukhoi, el asalto al Fuerte Paramacay, la Operación Gedeón, la Operación Aurora. En un escrito piden lo básico, que se excarcele a quienes ya cumplieron, que se les asigne tribunal a los expedientes que no lo tienen, que se respeten los plazos de apelación y que alguien de la mesa de negociación los escuche, porque dicen que han sido “sistemáticamente excluidos de las agendas de diálogo y acuerdos”. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres Figueroa, los llamó “los grandes olvidados”.
Ahora vean lo que pasó el mismo miércoles en Caracas. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, anunció que este jueves 12 a las diez de la mañana se instala una comisión de diputados y órganos judiciales para revisar las causas de presos con retardo procesal. “Se activa entonces a partir de mañana a las 10:00 de la mañana”, dijo, según la nota de EFE que publicó El Diario. Jorge Arreaza aclaró el perfil: esta vez los casos son, sobre todo, de personas en situación de pobreza, porque “la presidenta llamó a combatir la criminalización de la pobreza”. Y cuando le preguntaron si esto tenía que ver con las liberaciones de presos políticos que había anticipado Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el diálogo, respondió: “No, no tiene nada que ver con eso”.
Que se revise a los presos comunes que llevan años sin juicio está bien, nadie va a aplaudir el retardo procesal. Pero fíjense en el truco. Arreaza mismo separa el anuncio de los presos políticos, y Figuera, el fin de semana, había dicho en una entrevista con David Placer, según El Nacional, que Jorge Rodríguez le adelantó que están “a las puertas” de anunciar la salida de nuevos presos políticos, y que le pidió a Delcy Rodríguez la pronta excarcelación de los militares. El chavismo vuelve a hacer lo que mejor sabe: anunciar una comisión, ponerle un nombre bonito y que en los titulares quede la palabra “liberaciones”, mientras a los militares que no lo reconocieron los tiene en una cancha, sin comer, y según sus familias sin agua.
Hay una sola noticia buena en el día, y es chiquita. Este miércoles salieron Dirimo Antonio Pernía y Óscar Alejandro Caamaño, dos de los 23 condenados a 30 años por el caso Paramacay, según informó Theresly Malavé, de Justicia y Proceso, y recogió TalCual. Dos de 23. El abogado Luis Armando Betancourt resumió la decisión de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones de Carabobo así: “Modificando penas, confirmando otras y liberando a un par de personas”. La decisión completa se conocería el martes 17. Así se dosifica la libertad en Venezuela, a cuentagotas y con fecha de entrega.
El contexto ya lo hemos contado aquí. El Foro Penal contaba en su balance de octubre 322 presos políticos, y de ellos 140 militares, y la Plataforma Unitaria habla de al menos 393 personas presas por razones políticas, con conteos y criterios distintos, como les expliqué cuando las familias levantaron el campamento de El Rodeo I. El viernes 13 empieza la cuarta ronda del diálogo. Yo lo que me pregunto es si en esa mesa alguien va a poner sobre la mesa el nombre de esos sargentos, o si los militares que se negaron a obedecer al chavismo van a seguir siendo, también para la transición, los grandes olvidados.