La profesora Nayibet Morales, de 50 años y con más de 25 ejerciendo la docencia, vuelve este miércoles 26 de agosto a la sede de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro, en Ciudad Guayana, para introducir formalmente el reclamo laboral por su destitución como directora de la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez, en San Félix, estado Bolívar. Su primer intento, el lunes pasado, no pudo concretarse porque la inspectora del trabajo no se encontraba en la sede al momento de su visita.

Un cese de funciones sin falta administrativa que lo justifique

Morales fue notificada el pasado 14 de agosto, en pleno período vacacional, de que la autoridad única de Educación del estado Bolívar, Emilio Aguilar, había ordenado el cese de sus funciones como directora, cargo que ocupaba desde 2021. Según su propio relato, cuando preguntó directamente si la medida respondía a su desempeño como docente o como directora, la respuesta fue negativa: “no hay ninguna falta administrativa. Me acusan de desconocer al gobierno y, por lo tanto, no puedo seguir ejerciendo como directora”, denunció la educadora. La justificación formal que se le entregó fue que su cargo es de “libre remoción y nombramiento”, según el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, aunque Morales cuestiona que esa figura legal se use para encubrir una retaliación política.

Su “delito”, según ella misma: hacer funcionar la escuela cinco días a la semana

La propia Morales resumió con ironía el contraste entre su gestión y la razón de su remoción: “¿Cuál fue mi delito? Le coloqué una escuela funcional los cinco días de la semana, porque se veían clases un día a la semana en una cancha”. Durante su gestión, según reportó Correo del Caroní, logró además abrir cuarto y quinto año en la institución, que ya cuenta con dos promociones de egresados. La escuela, ubicada en el sector Primero de Mayo, atendía a una comunidad popular donde, según relató la educadora, muchos jóvenes ven en la minería informal e ilegal del oro una de las pocas alternativas para generar ingresos al terminar el bachillerato.

Un patrón documentado de presión sobre los trabajadores públicos

El caso de Morales no es aislado. La propia educadora denunció que los trabajadores del sector educativo son instados sistemáticamente a participar en actividades vinculadas al chavismo, pese a que no corresponden a las funciones propias de la enseñanza, y que enfrentan limitaciones para expresar públicamente sus opiniones. Organizaciones defensoras de derechos humanos como Aula Abierta han advertido reiteradamente sobre restricciones a la libertad de expresión y represalias contra integrantes del sector educativo en Venezuela. Como documentó Correo del Caroní, el despojo de puestos de trabajo y beneficios laborales constituye uno de los mecanismos que el Estado venezolano emplea contra los trabajadores públicos, cercenando derechos políticos consagrados en el capítulo IV de la propia Constitución venezolana, que incluyen la participación en asuntos públicos, la asociación política y la manifestación pacífica.

Una defensa que se volvió símbolo

El rostro de Morales alcanzó más de un millón de vistas en redes sociales en apenas 48 horas tras conocerse su caso. Su postura pública ha sido inequívoca: “mantengo mi palabra de que no voy a arrodillarme ante ellos; ellos no nos están gobernando, nos están oprimiendo, nos están colocando una mordaza para que no luchemos por la libertad de Venezuela”. Y precisó el alcance real de su reclamo: “no estoy peleando un cargo de directivo, yo estoy peleando mi derecho a pensar diferente y a que se respete la libertad de expresión, porque todos podemos tener opiniones distintas y pensamiento crítico”. Antes de acudir a la Inspectoría, Morales ya había presentado su denuncia ante la Defensoría del Pueblo, donde se le aconsejó dirigirse al ente laboral.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: el caso de Nayibet Morales ilustra, con nombre y apellido, uno de los mecanismos más silenciosos de control político dentro de Venezuela: el uso del empleo público como instrumento de presión sobre quien piensa distinto. Para la diáspora venezolana, que en muchos casos emigró precisamente ante la imposibilidad de ejercer libremente su profesión o su criterio político, esta historia representa un recordatorio de que las presiones que empujaron a millones a salir del país no han cesado, y que quienes se quedan y deciden alzar la voz siguen pagando un precio concreto y medible por hacerlo.