Apenas 9% de los venezolanos encuestados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideraría regresar al país en el próximo año, según un boletín publicado por El Nuevo País. Es un dato que, aunque no representa a la totalidad de la diáspora, confirma la magnitud de la distancia entre el discurso de “reconstrucción nacional” que documentamos esta semana desde Washington y Caracas, y la disposición real de millones de venezolanos a volver.
El contraste que se produjo esta misma semana
Mientras esa cifra circulaba, dos dirigentes opositores tomaron el camino contrario: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, y Armando Armas, dirigente de Voluntad Popular y exdiputado por Anzoátegui de la Asamblea Nacional electa en 2015, regresaron a Venezuela. Martínez expresó su confianza en un video difundido tras su llegada: “vengo con la convicción de que no hemos terminado la tarea, pero estoy segura que la vamos a lograr”. Armas, por su parte, reapareció en Lechería durante la misa en honor a la Virgen del Valle, y expresó confianza en el futuro del país en un video posterior.
Un encuentro político que se suma al mismo momento
En paralelo, representantes de Vente Venezuela, Acción Democrática y La Causa R sostuvieron una reunión política, según el mismo boletín. Es un movimiento que sugiere cierta reactivación de la actividad partidista dentro del país, justo cuando documentamos esta semana el pedido explícito de Paraguay y Ecuador ante la ONU para que se fije una fecha concreta de elecciones en Venezuela.
Por qué estos regresos puntuales no contradicen la cifra de ACNUR
Vale la pena una precisión importante: el regreso de dirigentes políticos de alto perfil, con estructuras de protección, redes de apoyo y un propósito público específico, es un fenómeno distinto al de millones de venezolanos comunes que evalúan su propio regreso en función de la estabilidad económica, la seguridad y las oportunidades laborales reales. Ambos datos, el 9% de ACNUR y los regresos políticos puntuales, pueden coexistir sin contradecirse: uno mide la disposición general de la diáspora, el otro documenta casos específicos con lógicas propias.
Cómo conecta con lo que documentamos sobre la comunidad en Estados Unidos
Este dato adquiere más peso si se lee junto a lo que hemos venido documentando en esta serie sobre la diáspora venezolana en Estados Unidos: la esperanza de vida de apenas 48 horas del bolívar en el bolsillo, los apagones que documentamos en Cuba como contexto regional comparable, y la controversia sin resolver sobre los más de 13,000 millones de dólares en fondos petroleros venezolanos bajo custodia estadounidense. Ninguno de esos factores, hasta ahora, parece estar generando las condiciones que impulsarían un regreso masivo.
Lo que sigue pendiente
Con la cifra de ACNUR como referencia y los regresos políticos puntuales como contrapunto, la pregunta de fondo sigue siendo la misma que hemos planteado repetidamente en esta cobertura: cuánto necesita cambiar dentro de Venezuela, y en cuánto tiempo, para que esa disposición al regreso empiece a moverse de forma significativa entre la población general, más allá de los dirigentes políticos que ya cuentan con motivos y respaldos propios para hacerlo.