El tribunal federal de Miami aplazó al 2 de septiembre una audiencia crucial que estaba prevista para este miércoles 26 de agosto, y que podría definir el futuro migratorio de cientos de cubanos que ingresaron a Estados Unidos con el formulario I-220A. La jueza Jacqueline Becerra, encargada del caso en el edificio federal Wilkie D. Ferguson Jr., comunicó el cambio de fecha, aunque la postergación es de apenas una semana. “Por alguna razón la jueza necesitaba un poco más de tiempo, puede ser que otro caso se prolongó más de lo previsto, es algo que sucede con frecuencia en los tribunales a este nivel”, explicó el abogado Mark Prada, quien lidera la representación de los demandantes, restándole importancia al aplazamiento.
El litigio de fondo: 992 cubanos que exigen que su liberación se reconozca como parole
La audiencia forma parte de la demanda Bello-Rubio et al. v. Noem et al., presentada por 992 migrantes cubanos que sostienen que su liberación, tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, debió haber sido considerada jurídicamente como un parole —una figura migratoria con implicaciones muy distintas a las del I-220A—. El propio formulario, denominado oficialmente Orden de Liberación Bajo Palabra, permite a las autoridades poner en libertad a determinadas personas mientras continúa su proceso migratorio, sujetas a condiciones como presentarse a audiencias y entrevistas, y entregarse si llega a ejecutarse una orden de deportación. La diferencia entre haber recibido parole o haber sido liberado bajo I-220A resulta determinante para miles de cubanos, ya que solo el parole facilita el camino hacia la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La posición del gobierno federal
En su moción de desestimación, el gobierno federal sostiene que los 992 cubanos demandantes fueron liberados mediante órdenes de libertad bajo palabra y no recibieron parole humanitario, y argumenta además que el tribunal de Miami carece de jurisdicción para revisar decisiones discrecionales del Departamento de Seguridad Nacional sobre la forma de liberación —cuestionando incluso que Miami sea la sede adecuada para todos los demandantes, dado que algunos residen y son supervisados por oficinas de ICE en otros estados.
Lo que está realmente en juego el 2 de septiembre
Vale la pena ser precisos sobre lo que esta audiencia puede y no puede resolver: según explicó la abogada de inmigración Claudia Cañizares, el 2 de septiembre no se decidirá necesariamente el resultado final del litigio ni la situación migratoria de todos los cubanos con I-220A. Lo que estará sobre la mesa son varias mociones que podrían determinar si el caso continúa avanzando, incluida la solicitud de certificarlo como una demanda colectiva (class action) —lo que permitiría que una eventual decisión favorable beneficie a todos los cubanos en situación similar, no solo a los 992 demandantes originales—.
Un contexto que agrava la presión sobre estos casos
Esta audiencia llega en un momento donde las cortes de inmigración han acelerado drásticamente el procesamiento de expedientes de cubanos con I-220A, adelantando masivamente audiencias que estaban programadas para 2027, 2028 o incluso 2029. Según datos de TRAC citados por CiberCuba, el 68% de las órdenes de deportación dictadas contra cubanos en junio de 2026 correspondieron a personas que no comparecieron a sus audiencias —muchas veces por no haber recibido con tiempo suficiente la notificación del nuevo calendario—. A partir del 8 de septiembre, además, todas las audiencias en la Corte de Inmigración de Miami serán estrictamente presenciales, eliminando la opción de comparecer virtualmente.
Por qué esto importa para la diáspora cubana en Estados Unidos: el desenlace de este litigio, ya sea el 2 de septiembre o en fechas posteriores, tiene el potencial de definir el camino migratorio de miles de cubanos que llevan años en un limbo legal, atrapados entre la Ley de Ajuste Cubano y la ambigüedad jurídica del I-220A. Para las familias cubanas que siguen de cerca cada actualización de este caso, el aplazamiento de esta semana no cambia lo que está en juego: la diferencia entre obtener una vía clara hacia la residencia permanente, o continuar bajo la misma incertidumbre que ha definido su situación migratoria desde que llegaron al país.