Ya lo veníamos anunciando, y pasó antes de lo que muchos esperaban. Este miércoles 18 de noviembre, dos días antes de que venza la pausa que le dio el Noveno Circuito, el gobierno de Donald Trump presentó una apelación de emergencia ante la Corte Suprema para suspender la orden del juez de California que declaró ilegal el fin del TPS venezolano y que ordena restablecer esas protecciones. Lo informó la agencia AP, y la nota la reprodujo en español La Nación.

El dato que a mí más me llamó la atención no está en la parte legal, sino en el argumento del propio gobierno. Sus abogados le dicen a la Corte que, si los jueces no intervienen antes del viernes, unos 1.800 venezolanos que hoy están detenidos podrían tener que ser liberados. También sostienen, siempre según AP, que restablecer el TPS bloquearía hasta 332 órdenes de deportación y obligaría a darles permisos de trabajo a los beneficiarios, y que eso causaría un daño «grave e inmediato». Fíjense en lo que eso significa leído al revés: es el mismo gobierno el que reconoce que hay casi dos mil venezolanos tras las rejas cuya situación cambiaría con una sola firma de un juez. Son cifras de una de las partes del juicio, no un conteo independiente, y así hay que leerlas.

Les recuerdo dónde estamos, porque esto ya parece una telenovela de tribunales. El juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, falló que la cancelación del TPS fue ilegal. La Corte Suprema ya había dejado al gobierno quitarles las protecciones a los venezolanos en una etapa anterior de este mismo caso, y en junio hizo lo mismo con haitianos y sirios. El 3 de noviembre el Noveno Circuito le concedió a Trump una pausa administrativa de 14 días, que les expliqué aquí, y esa pausa vence este viernes 20. Ahora la Casa Blanca no quiso esperar a ver qué hacía el Noveno Circuito y se fue directo arriba. Unos 600.000 venezolanos llegaron a tener TPS, según AP, aunque nadie sabe con certeza cuántos siguen hoy en Estados Unidos: miles fueron detenidos, deportados o se fueron por su cuenta desde que se les cayó el beneficio el año pasado.

¿Qué cambia para usted esta semana? Por ahora, nada que pueda celebrar ni lamentar. Hay tres caminos posibles y ninguno está decidido: que la Corte Suprema conceda la suspensión y todo siga congelado mientras dura la apelación, que la niegue y la orden de Chen vuelva a aplicarse, o que el Noveno Circuito extienda su propia pausa antes del viernes. Incluso si la orden vuelve a regir, eso no significa que el sábado USCIS esté emitiendo permisos de trabajo; el gobierno ya dejó claro que va a pelear cada paso. Mi consejo es el mismo de siempre, y se lo digo con cariño porque sé que la ansiedad empuja a decisiones malas: no viaje fuera de Estados Unidos, no abandone un asilo ni ningún otro trámite, tenga copias de todos sus papeles y desconfíe de quien le cobre por «reactivar» un TPS. Si ICE toca su puerta, en nuestro explicativo sobre ICE le contamos qué derechos tiene, y en la guía práctica del TPS cómo revisar su caso. Esto es información, no asesoría legal: cada situación es distinta y conviene verla con un abogado de inmigración o una organización acreditada.

Mientras tanto, la presión política cambia de lugar. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, le pidió al Congreso que restablezca el TPS para venezolanos y haitianos, que proteja los permisos de trabajo vigentes y que devuelva una revisión judicial efectiva sobre estas cancelaciones. «El Congreso tiene la oportunidad de unirse y actuar», dijo, y aclaró que «no es un pedido partidario», según La Nación. Tiene lógica: el nuevo Congreso que salió de las elecciones del 3 de noviembre se instala en enero, y la salida de fondo para los venezolanos nunca iba a estar en un tribunal, sino en una ley.

Y no me quiero ir sin poner una cara a esa cifra de detenidos. Esta semana nos enteramos de que Jorge «el Niño de Oro» Linares, el barinés que fue campeón mundial en tres divisiones, está bajo custodia de ICE en El Paso, Texas. Lo contó él mismo en X («Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura») y lo confirmó Gilberto J. Mendoza, presidente de la AMB, que dijo que sus abogados de inmigración llevan el caso, según BoxingInsider y La Patilla. No se sabe por qué lo detuvieron ni cuál es su estatus migratorio, y no voy a especular con eso. Pero si a un hombre que le dio a Venezuela tres cinturones mundiales lo tienen en un centro de detención, ¿se imaginan lo que están viviendo los otros mil ochocientos que no tienen ni un tuit para contarlo?