Este martes vence el plazo que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fijó para que el National Trust for Historic Preservation responda a la petición de emergencia que presentó la administración Trump el viernes pasado, en la que solicita continuar con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca mientras se resuelve la apelación de fondo. La rapidez con la que Roberts fijó este plazo —apenas unos días después de la solicitud— sugiere que la Corte Suprema podría emitir una decisión con relativa celeridad una vez reciba la respuesta de la organización demandante.

El caso llega a la máxima instancia judicial del país después de que un panel dividido del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington fallara 2-1 la semana pasada que Trump debe detener la construcción sobre el nivel del suelo, al considerar que el Congreso, y no el presidente, tiene la autoridad para decidir sobre una modificación de esta magnitud a la propiedad federal. “La decisión de construir o no un enorme salón de baile corresponde al Congreso y no es un asunto que el Poder Ejecutivo pueda resolver por sí mismo”, escribieron los jueces Patricia Millett y Brad Garcia, ambos nombrados por presidentes demócratas. La jueza Neomi Rao, nombrada por Trump, discrepó, argumentando que el grupo de preservación no tenía legitimidad legal para presentar la demanda en primer lugar.

El argumento de seguridad nacional que sostiene la petición

El procurador general D. John Sauer basó la solicitud de emergencia ante la Corte Suprema en un argumento de seguridad: “toda la estructura del salón de baile está diseñada para proteger la instalación militar que se encuentra debajo”, escribió Sauer, advirtiendo que detener el proyecto “hará que este presidente —objetivo de reiterados intentos de asesinato— esté mucho menos seguro y pondrá en riesgo la seguridad de futuros presidentes”. Según la propia petición presentada ante el tribunal, la construcción lleva un avance de 65%, con unos 200 millones de dólares ya gastados o comprometidos de los 400 millones que cuesta el proyecto en su totalidad.

La decisión del tribunal inferior, que Trump busca revertir, entraría en vigor automáticamente el 21 de agosto —este viernes— si la Corte Suprema no interviene antes de esa fecha. Es la primera vez que uno de los proyectos personales de construcción de Trump en Washington llega hasta la máxima instancia judicial del país, después de que varios tribunales inferiores hayan fallado en su contra en distintos casos relacionados con sus planes de remodelación de la capital.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: más allá del propio proyecto arquitectónico, la forma en que la Corte Suprema resuelva esta disputa específica —de manera expedita, en cuestión de días, dada la urgencia planteada por la Casa Blanca— ofrece una señal sobre qué tan dispuesto está el máximo tribunal del país a intervenir a favor del Poder Ejecutivo cuando este solicita una acción judicial urgente. Para cualquier comunidad, incluida la hispana, que depende de que las cortes actúen como un freno efectivo frente a decisiones unilaterales de la Casa Blanca —ya sea en materia migratoria, de salud pública o de cualquier otro ámbito—, este caso puntual sobre un salón de baile termina siendo, en la práctica, un indicador más amplio sobre el equilibrio real de poderes en la actual administración.