El gobierno cubano anunció una nueva medida de apertura para el sector privado: de las 125 actividades económicas que hasta ahora estaban prohibidas para el trabajo por cuenta propia y las micro, pequeñas y medianas empresas, 46 pasan a estar autorizadas y otras 35 flexibilizan sus condiciones de operación, según confirmaron medios oficiales de la isla. La medida se suma al paquete de casi 200 reformas de mercado que la Asamblea Nacional había aprobado en julio —descrito entonces por economistas como el cambio económico más profundo desde 1959— y representa un paso adicional, más granular, en la implementación de esa apertura.

A diferencia del anuncio de julio, centrado en permitir grandes empresas privadas y participación extranjera sin la obligación de formar empresas conjuntas con el Estado, esta nueva medida apunta directamente al terreno donde operan la mayoría de los cubanos que ya trabajan por cuenta propia: actividades cotidianas —desde servicios hasta pequeña manufactura— que antes chocaban con restricciones burocráticas específicas y que ahora quedan formalmente habilitadas o simplificadas.

El anuncio llega en medio de la peor crisis energética de las últimas décadas en la isla, con apagones que en algunas provincias superan las 20 horas diarias, y mientras el propio gobierno reconoce públicamente la existencia de “obstáculos que no vienen de afuera, ni del bloqueo”, en referencia a la lentitud burocrática interna que ha frenado reformas anteriores en el papel.

Por qué esto importa: ampliar qué actividades puede realizar legalmente el sector privado es una condición necesaria para que la apertura económica se traduzca en algo tangible para los cubanos de a pie, pero no es garantía suficiente — la pregunta que persiste, la misma que plantearon economistas tras el anuncio de julio, es si esta flexibilización sobrevive al mismo entorno que la hizo necesaria: un bloqueo energético que limita el combustible, y una burocracia estatal que hasta ahora ha sido tan responsable de frenar el progreso como las sanciones externas. Para la diáspora cubana en EE.UU., cada actividad que se autoriza representa, en teoría, una posibilidad más de que las remesas y la inversión familiar generen negocios formales en la isla — si el resto del sistema lo permite.