El gobierno cubano autorizó la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, eliminando uno de los límites más restrictivos que pesaban sobre la iniciativa privada en la isla desde que se legalizaron las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en 2021. Hasta ahora, ese techo de 100 empleados funcionaba como una barrera formal al crecimiento: cualquier negocio privado que prosperara lo suficiente como para necesitar más personal simplemente no podía hacerlo dentro del marco legal.

Una reforma que responde a la realidad, no a la ideología

Esta medida hay que leerla en el contexto económico que hemos venido documentando esta semana. El propio gobierno cubano proyecta apenas 1% de crecimiento para 2026, la misma meta que ya incumplió el año anterior, mientras la CEPAL estima un crecimiento real de solo 0.1%. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo 11% de forma acumulada.

En ese escenario, el sector privado se ha convertido en una de las pocas fuentes de dinamismo económico real dentro del país. Lo documentamos ayer mismo al reportar el fenómeno de las “solineras”: negocios privados de carga solar que están resolviendo, con capital particular, un servicio básico que el sistema eléctrico estatal ya no garantiza. Permitir que esos negocios crezcan más allá de los 100 empleados es, en la práctica, reconocer que la capacidad de generar empleo se trasladó del Estado al sector privado.

Lo que la medida podría significar en la práctica

Levantar el techo de trabajadores abre la puerta a que empresas privadas cubanas alcancen una escala que hasta ahora les estaba vedada por ley: cadenas de distribución, manufactura mediana, servicios con estructura más compleja. También podría facilitar la formalización de negocios que hasta ahora operaban fragmentados en varias mipymes precisamente para no superar el límite legal.

Las preguntas que la autorización todavía no responde

Como toda reforma económica cubana reciente, el impacto real dependerá de detalles que aún no se conocen públicamente: qué requisitos deberán cumplir esas empresas más grandes, qué carga tributaria enfrentarán, si tendrán acceso a divisas por vías formales, y si podrán importar insumos directamente o seguirán dependiendo de intermediarios estatales. Sin acceso a divisas, ninguna empresa cubana, sin importar cuántos trabajadores tenga, puede resolver el problema de fondo que documentamos ayer al reportar el dólar informal en 678 pesos: la escasez estructural de moneda extranjera.

Una tendencia que se acelera

Esta autorización se suma a la dirección que el propio modelo económico cubano viene tomando, más por necesidad que por convicción declarada: dolarización parcial creciente, expansión del sector privado, y una transferencia progresiva de responsabilidades desde el Estado hacia el capital particular. Para las familias cubanas, la pregunta práctica es si esa apertura se traducirá en empleos mejor pagados y productos más accesibles, o si simplemente formalizará una economía de dos velocidades donde quienes acceden a divisas prosperan y quienes dependen del salario estatal siguen sin poder cubrir la canasta básica.