El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente a una corte estadounidense que desestime los cargos criminales que pesan contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, argumentando que goza de inmunidad como jefa de Estado en funciones, según reportó CNN en Español en su cobertura más reciente sobre el país. La petición representa un giro significativo en la postura de Washington hacia la exvicepresidenta chavista, quien hasta hace pocos meses figuraba entre los funcionarios venezolanos señalados por la justicia estadounidense en investigaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción durante la era de Nicolás Maduro.
Este movimiento judicial se produce en el contexto de la relación cada vez más estrecha que Rodríguez ha construido con la administración Trump desde que asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro en enero. Como documentamos en nuestra cobertura de la portada de Time sobre la mandataria venezolana, Rodríguez ha sido descrita por la propia revista como alguien que pasó “de leal a Maduro a apoderada de Trump”, una transformación política que sus críticos, incluida María Corina Machado, atribuyen a un cálculo de supervivencia política más que a una conversión genuina hacia la democracia. “Está dispuesta a dar todo lo que le pidan, absolutamente todo”, declaró Machado sobre Rodríguez en esa misma entrevista con Time, calificando su comportamiento como el de “quienes han cometido crímenes” buscando protegerse.
La solicitud de inmunidad, de ser aceptada por la corte correspondiente, cerraría formalmente uno de los frentes legales que todavía pesaban sobre Rodríguez en territorio estadounidense, en momentos en que su gobierno depende en gran medida del respaldo de Washington para sostener su legitimidad tanto interna como internacional. Esa dependencia ya ha quedado documentada en el propio proceso de negociación con la oposición venezolana, donde el Departamento de Estado ejerce un rol de tutela directa sobre las conversaciones, y en el trasfondo petrolero que ya cubrimos, donde Trump se ha referido públicamente a los recursos energéticos venezolanos en términos de “despojos” que corresponden a Estados Unidos.
Rodríguez, por su parte, ha insistido públicamente en que su gestión no responde a presiones externas. “Trato de asegurarme de que la política interna de otro país no afecte a Venezuela”, declaró a Time, rechazando la caracterización de su gobierno como subordinado a los intereses de Washington. Sin embargo, gestos como esta solicitud de inmunidad —que beneficia directamente a su situación legal personal en Estados Unidos— alimentan precisamente el tipo de cuestionamiento que sectores críticos, tanto de la oposición como de analistas independientes, vienen planteando sobre hasta qué punto la cercanía con la administración Trump responde a un interés genuino de estabilización del país o a la protección de intereses personales de quienes hoy ocupan el poder en Caracas.
Por qué esto importa para la diáspora venezolana: que el propio gobierno estadounidense —el mismo que hace apenas meses respaldó la operación militar que capturó a Maduro— busque ahora blindar legalmente a una de las figuras más altas del chavismo que sobrevivió a esa transición, es una señal que muchos venezolanos en el exterior interpretan como confirmación de que esta transición se está construyendo, en la práctica, sobre acuerdos pragmáticos entre Washington y quienes hoy controlan el aparato del Estado venezolano, más que sobre un principio de justicia transicional que rinda cuentas por los años de gobierno chavista que la propia Rodríguez ayudó a sostener durante casi una década como vicepresidenta.