Hace años, un reportaje impreso podía plantear esta pregunta como un ejercicio mayormente hipotético: ¿qué le pasaría a la economía estadounidense si el país deportara a gran escala a su fuerza laboral indocumentada? En agosto de 2026, la pregunta ya no es hipotética. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acumula 356,389 expulsiones en lo que va del año fiscal, con 65,765 personas adicionales en centros de detención, y el gobierno federal ha destinado hasta 175,000 millones de dólares para lo que sus propios funcionarios describen como una “máquina de deportación” impulsada por tecnología y contratistas privados. Los datos que antes eran proyección, hoy son resultado medible.
El tamaño real del problema
Según el Instituto Baker, en Estados Unidos residen aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados, de los cuales unos 8 millones trabajan activamente. Representan apenas 3.3% de la población total del país, pero casi una quinta parte de toda la fuerza laboral nacida en el extranjero. Esa cifra, modesta a nivel nacional, se vuelve económicamente decisiva cuando se observa su concentración real: 14.2% de los trabajadores de la construcción y 10.4% de los trabajadores agrícolas del país son indocumentados, según estimaciones recogidas por Bloomberg Línea. En estados específicos, esa concentración es todavía mayor —en Texas, los inmigrantes representan cerca de 40% de la fuerza laboral de la construcción, según un análisis de FWD.us citado por Prensa Libre.
Lo que dicen los modelos macroeconómicos
Los estudios académicos disponibles coinciden en la dirección del impacto, aunque varían en su magnitud según el escenario que modelan. Una investigación de la Universidad de New Hampshire, citada por CNN, estima que la economía estadounidense perdería entre 2.6% y 6.2% del Producto Interno Bruto en una década si se concretan expulsiones masivas superiores a 7 millones de personas. El Peterson Institute for International Economics calculó que deportar a 1.3 millones de trabajadores reduciría el PIB en un punto porcentual anual; en el escenario más extremo —la deportación de 8.3 millones de personas— la contracción del PIB podría llegar a 7.4%, con el empleo total 7% más bajo hacia 2028, según cifras recogidas por el Comité Económico Conjunto del Congreso (JEC). Ese mismo análisis proyecta que la escasez resultante eliminaría 225,000 empleos en agricultura y 1.5 millones en construcción, y que por cada 500,000 inmigrantes retirados de la fuerza laboral, 44,000 trabajadores nacidos en Estados Unidos también perderían su empleo.
Construcción: el sector que ya está midiendo el golpe
De todos los sectores analizados, la construcción es donde el impacto dejó de ser proyección para convertirse en dato observable. Oxford Economics estimó que deportar a la mitad de la fuerza laboral indocumentada de este sector reduciría a la mitad su tasa de crecimiento hasta 2028, una pérdida de producción superior a 55,000 millones de dólares. Los datos regionales de 2026 ya lo confirman: según un análisis citado por El Diario NY, entre el inicio del endurecimiento migratorio y junio de este año, los cinco estados con mayor dependencia de mano de obra inmigrante en construcción —California, Florida, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York— registraron una caída de 1.3% en el empleo del sector, mientras que el resto del país creció 3.3% en el mismo período.
En Texas, la Associated General Contractors of America reporta que 92% de las empresas constructoras enfrenta dificultades para cubrir vacantes, según datos citados por La Opinión. Un análisis de The Texas Tribune calcula que los trabajadores inmigrantes de la construcción generan unos 22,000 millones de dólares en ingresos anuales y pagan aproximadamente 6,000 millones en impuestos —cifras que ilustran por qué constructores como Raúl Márquez, en el Valle del Río Grande, describen el efecto directo sobre el consumidor: “nos sale más caro, tenemos que subir el precio. ¿quién paga por todo esto? pues la pobre gente, el consumidor, como siempre”, declaró a Telemundo 40.
El efecto dominó: cuando hasta los trabajadores estadounidenses pierden su empleo
El hallazgo más contraintuitivo de esta cobertura viene de un estudio de Brookings basado en datos del Deportation Data Project, que analizó 86 ciudades con los mayores incrementos en arrestos de ICE durante el primer semestre de 2025. El resultado: 668,000 empleos perdidos en esas ciudades, de los cuales entre 51,000 y 297,000 correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos —es decir, aproximadamente 13 empleos perdidos por cada arresto adicional realizado por ICE. Los investigadores explican el mecanismo: cuando las redadas se intensifican, las empresas que dependen parcialmente de mano de obra inmigrante reducen su actividad completa, afectando a todo su personal, no solo a los trabajadores indocumentados.
Un estudio complementario, enfocado específicamente en construcción, agricultura, manufactura y comercio mayorista, ofrece un desglose todavía más preciso: por cada arresto de ICE, seis trabajadores nacidos en Estados Unidos perdieron un empleo, y cuatro trabajadores indocumentados perdieron el suyo. El propio estudio cita la lógica detrás de esa cifra: “las empresas constructoras consideran más fácil reducir la producción, reducir la construcción de nuevas viviendas y nuevos edificios en general, que intentar aumentar los salarios de los trabajadores nacidos” en el país para reemplazar a quienes se fueron. Investigadores del NBER, por su parte, documentaron un efecto disuasorio adicional: por cada seis hombres probablemente indocumentados que dejaron de trabajar por temor a las redadas, se perdió también un empleo ocupado por un ciudadano estadounidense.
Quién paga la factura: los precios
El informe de America’s Voice, el mismo que documentó los 668,000 empleos perdidos, también midió el impacto sobre los precios en esas 86 ciudades. Mientras los costos básicos generales subieron 2.6%, los bienes y servicios que dependen específicamente de empleados extranjeros registraron alzas de entre 6.3% y 32.1%. El propio gasto del consumidor cayó de forma desigual: los negocios locales independientes perdieron cerca de 11% de su actividad, frente a apenas 5% en las cadenas nacionales establecidas —y en barrios de Los Ángeles con alta concentración de residentes nacidos en el extranjero, el consumo llegó a caer hasta 25% en solo dos meses.
Dos casos que ilustran el mecanismo completo
En Laredo, Texas, los arrestos mensuales de ICE pasaron de un promedio histórico de seis a 803 tras la intensificación de los operativos, según el mismo informe de America’s Voice. En Omaha, Nebraska, una redada en una planta procesadora de carne resultó en el arresto de unos 70 empleados; en las semanas siguientes, muchos de los trabajadores restantes simplemente dejaron de presentarse, y la producción de la planta cayó cerca de 70%. Son dos ejemplos de la misma dinámica documentada a nivel nacional: el impacto de una redada rara vez se limita a las personas arrestadas directamente.
La salida que hasta algunos dentro del propio gobierno ya piden
Frente a esta evidencia acumulada, incluso voces dentro de la propia administración han empezado a plantear ajustes. Según reportó Univision, fuentes cercanas al gobierno sugieren una reforma al sistema de visados que permita a trabajadores temporales cubrir parte de esos empleos vacantes. Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, defendió esa idea durante la Reunión de Verano de la Asociación Nacional de Gobernadores, señalando que “no hemos tenido una reforma migratoria real desde 1959”. En el sur de Texas, la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la American Business Immigration Coalition Action llevaron el mismo reclamo directamente al Congreso, pidiendo permisos de trabajo para inmigrantes con años de arraigo y antecedentes laborales comprobados, en un país que ya arrastra un déficit de vivienda cercano a 1.5 millones de unidades.
Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: la evidencia acumulada durante 2025 y 2026 desmiente la premisa más simple detrás de la política de deportación masiva —que remover trabajadores inmigrantes automáticamente libera empleos y oportunidades para los trabajadores nacidos en el país—. Los propios datos muestran lo contrario: por cada arresto, se pierden en promedio 13 empleos en la economía local, varios de ellos ocupados por ciudadanos estadounidenses, mientras los precios suben con más fuerza precisamente en los sectores que más dependían de esa mano de obra. Para las familias hispanas —trabajadoras, consumidoras, y en muchos casos empleadoras— esta no es una discusión abstracta de política pública: es la explicación directa de por qué la vivienda cuesta más, por qué ciertos negocios del barrio cerraron, y por qué el costo de vida sigue subiendo en las comunidades donde la presencia de ICE se intensificó con mayor fuerza.