El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) publica este mismo viernes la solicitud oficial de contratación para adquirir miles de guantes capaces de administrar descargas eléctricas a personas durante sus intervenciones, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La agencia planea invertir entre 10 y 20 millones de dólares en estos dispositivos, conocidos técnicamente como GLOVE (Generated Low Output Voltage Emitter), fabricados por la empresa Compliant Technologies, de Kentucky.
Según el manual del fabricante, el dispositivo funciona como un guante de patrullaje normal hasta que el agente activa un interruptor que pone en marcha el sistema eléctrico, capaz de aplicar hasta 380 voltios mediante contacto directo con la piel. El propio manual establece límites de uso: no se deben aplicar más de dos guantes a la misma persona al mismo tiempo, y su uso no debe superar los 15 segundos en la mayoría de los casos, salvo que exista peligro para el agente o el público, en cuyo caso pueden emplearse hasta lograr “control y cumplimiento”. El fabricante advierte explícitamente que no deben usarse como castigo, ni contra menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad.
Tom Homan, el llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, defendió públicamente el plan este jueves en una entrevista con Fox News, presentando los guantes como una alternativa a la fuerza letal. “Es otro dispositivo para ayudar a que alguien coopere cuando no lo hace”, declaró Homan. “No se puede pasar de 0 a 100 de la nada, ¿verdad?, y recurrir de inmediato a la fuerza letal”. El funcionario citó que al menos seis personas han muerto por disparos de agentes federales desde el año pasado, incluidas personas que conducían sus vehículos en Maine y Texas el mes pasado, como parte del argumento a favor de una herramienta intermedia entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego.
Organizaciones de derechos civiles rechazaron la medida con dureza. Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del proyecto sobre vigilancia policial de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), cuestionó que el público tenga motivos para confiar en que los agentes de ICE usarán este tipo de herramienta de forma responsable, señalando que la agencia “pasó el último año demostrando que recurre a la fuerza con demasiada rapidez”. Según cifras del Deportation Data Project citadas por NBC, ICE realizó 568 arrestos en aeropuertos o sus inmediaciones entre enero de 2025 y marzo de 2026 —cinco veces más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 108.
Esta noticia llega en la misma semana en que documentamos otro fallo judicial relevante para la comunidad migrante: el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. autorizó la deportación por vía rápida de inmigrantes que ingresaron bajo el programa de “parole” de la era Biden. Ambos desarrollos —más capacidad de fuerza física para los agentes en el terreno, y más velocidad legal para ejecutar deportaciones— reflejan la misma dirección de endurecimiento migratorio que venimos documentando semana tras semana en esta sección.
Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: la introducción de una nueva herramienta de fuerza física en el arsenal de ICE —sin importar cómo se presente oficialmente— llega en un contexto donde las comunidades hispanas, particularmente las de estatus migratorio irregular o en proceso de regularización, ya reportan niveles elevados de ansiedad ante cualquier interacción con agentes federales. Que estos dispositivos deban aplicarse mediante contacto directo con la piel, y que su supervisión dependa de una certificación renovable cada dos años sin un mecanismo público claro de rendición de cuentas, es precisamente el tipo de detalle que organizaciones de derechos civiles seguirán vigilando de cerca una vez que el contrato se adjudique y los guantes empiecen a llegar a manos de los agentes en el terreno, un proceso que según el propio calendario oficial podría completarse hacia marzo de 2027.