La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó este lunes un nuevo colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el séptimo apagón de alcance nacional registrado en lo que va de 2026, según recogió Periódico Cubano. El corte se suma a una serie de colapsos que, lejos de ser eventos excepcionales, se han convertido en un patrón recurrente a lo largo del año: en marzo, un apagón de gran escala dejó a millones de personas sin electricidad en el occidente del país durante al menos 72 horas, según registró Wikipedia en su cronología de sucesos de 2026. Ese episodio de marzo llegó apenas semanas después de que Honduras cancelara un acuerdo de cooperación médica con Cuba, y en medio de un contexto de presión internacional constante sobre la isla.

Lo que distingue a este séptimo colapso no es su magnitud individual —cada apagón nacional, por definición, deja a la isla completa sin servicio eléctrico durante horas—, sino la frecuencia con la que el fenómeno se repite. Siete colapsos totales del sistema en poco más de siete meses no es una serie de accidentes aislados: es la evidencia de que la infraestructura eléctrica cubana ya no tiene margen para absorber fallas puntuales sin que el sistema completo se venga abajo. CNN en Español ha documentado que la red eléctrica de Cuba “sufre un nuevo colapso mientras continúa la presión de EE.UU.”, y que la isla ha llegado a registrar apagones en hasta el 67% de su territorio en un solo día, apenas 24 horas después de alcanzar un récord de cortes eléctricos.

El contexto detrás de estos números es conocido pero vale la pena repetirlo con cifras: Cuba enfrenta desde 2024 una crisis energética estructural, alimentada por la escasez crónica de combustible para sus plantas termoeléctricas, el envejecimiento de una infraestructura que en muchos casos data de décadas atrás, y la falta de divisas para importar piezas de repuesto o invertir en mantenimiento preventivo. El bloqueo estadounidense, que el gobierno cubano cita sistemáticamente como causa central de la crisis, se combina con una gestión interna que el propio gobierno ha reconocido públicamente como insuficiente: en julio, Cuba aprobó un paquete de casi 200 reformas de mercado —descrito por economistas como el cambio económico más profundo desde 1959— y apenas unos días después amplió la lista de actividades autorizadas para el sector privado, en un intento por generar alguna válvula de escape económica mientras el sistema eléctrico sigue fallando.

Los hoteles de la isla, mientras tanto, permanecen en gran medida vacíos —una consecuencia directa tanto de la campaña de presión de Estados Unidos como de la percepción, cada vez más extendida entre potenciales visitantes, de que Cuba no puede garantizar servicios básicos como electricidad constante. Esto crea un círculo que se retroalimenta: menos turismo significa menos divisas, menos divisas significa menos capacidad de invertir en la red eléctrica, y una red eléctrica más frágil hace que cada apagón nacional sea un poco más probable que el anterior.

Para la población cubana, la repetición de estos colapsos ha dejado de ser noticia de última hora para convertirse, como han señalado varios análisis recientes, en el estado normal de las cosas. Reportes de cubanos en la isla describen rutinas domésticas y laborales organizadas completamente alrededor de la disponibilidad impredecible de electricidad: comidas que se cocinan cuando hay luz, agua que se almacena aprovechando las horas en que las bombas funcionan, negocios que ajustan sus horarios de operación al calendario informal de cortes que cada barrio termina desarrollando por experiencia propia. Es una adaptación forzada a una infraestructura que ya no puede prometer continuidad, y que convierte cada actividad cotidiana —desde preparar la comida hasta cargar un teléfono para mantener contacto con familiares en el exterior— en un ejercicio de planificación alrededor de un servicio que debería ser, por definición, constante.

Vale la pena poner este séptimo colapso en perspectiva histórica reciente. El apagón de marzo, que dejó a millones de personas sin electricidad durante al menos 72 horas según la cronología documentada de sucesos de 2026, no fue un hecho aislado sino parte de una crisis que Wikipedia y varios medios internacionales ya catalogan como los “apagones cubanos de 2024-2026” —un fenómeno prolongado, no una serie de emergencias puntuales desconectadas entre sí. En ese mismo periodo, Honduras canceló un acuerdo de cooperación que permitía a médicos cubanos operar en su territorio, una de varias señales de que la crisis energética interna de Cuba también está afectando su capacidad de sostener programas de cooperación internacional que históricamente han sido una fuente importante de ingresos en divisas para el gobierno. A esto se suma que aerolíneas internacionales, como Air France, llegaron a suspender temporalmente sus vuelos hacia La Habana este año por escasez de combustible para aviación —otro síntoma de la misma crisis energética estructural, vista desde un ángulo distinto. Estos apagones no ocurren en el vacío: coinciden con un año en el que el gobierno cubano también enfrentó protestas relacionadas directamente con la falta de electricidad y alimentos, documentadas por analistas como parte de una segunda ola de manifestaciones que comenzó en marzo de 2026, después de una primera oleada de protestas en 2024. La combinación de infraestructura colapsando, protestas recurrentes y una respuesta gubernamental centrada en reformas económicas parciales —en lugar de una inversión masiva y sostenida en generación eléctrica— sugiere que el patrón de apagones nacionales seguirá repitiéndose mientras no se resuelva la causa estructural de fondo: la isla simplemente no genera suficiente electricidad de forma confiable para sostener su propia demanda, un problema que ningún paquete de reformas al sector privado, por ambicioso que sea, puede resolver por sí solo.

La ironía de fondo es que la propia ampliación de actividades autorizadas para el sector privado, anunciada apenas un día antes de este séptimo apagón, depende en gran medida de un suministro eléctrico estable para poder materializarse en negocios reales. Un taller, una pequeña fábrica textil, o cualquiera de las actividades que ahora quedaron formalmente autorizadas o flexibilizadas, necesita electricidad constante para operar con previsibilidad. Si el sistema eléctrico nacional colapsa por séptima vez en siete meses, la apertura regulatoria por sí sola no genera el entorno de estabilidad que un emprendedor —dentro o fuera de la isla, financiando un negocio familiar— necesita para justificar la inversión.

Por qué esto importa para la diáspora cubana en Estados Unidos: cada apagón nacional no es solo una interrupción temporal del servicio —es una señal, cada vez más difícil de ignorar, de que el sistema eléctrico cubano ha entrado en una fase de deterioro que ninguna reforma parcial del sector privado va a resolver por sí sola mientras la generación eléctrica de base siga fallando con esta frecuencia. Para quienes envían remesas o planean inversiones familiares en pequeños negocios en la isla —justamente las actividades que el gobierno cubano acaba de flexibilizar—, un negocio no puede sostenerse de forma rentable si pierde electricidad de manera impredecible varias veces al mes. La pregunta que este séptimo apagón deja sobre la mesa no es si Cuba tendrá un octavo colapso nacional este año, sino cuándo, y qué tan preparados —o no— estarán tanto el gobierno como la población para absorber el siguiente.