Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora que mantiene el diálogo con el chavismo, exigió este fin de semana “claridad” al gobierno de Delcy Rodríguez sobre la cifra real de excarcelaciones de presos políticos, ante la persistente discrepancia entre lo anunciado oficialmente y lo que las organizaciones de derechos humanos han logrado verificar de forma independiente. “Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”, escribió Figuera en su cuenta de X el sábado.
El planteamiento de Figuera llega en el marco de la misma discrepancia que documentamos hace unos días: el gobierno venezolano había anunciado el viernes 14 de agosto la excarcelación de 131 personas, mientras que la ONG Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, solo pudo confirmar 29 casos en las primeras horas tras el anuncio. Esa cifra verificada ha seguido subiendo con el paso de los días: este lunes 17 de agosto por la mañana, Foro Penal reportó haber confirmado ya 78 excarcelaciones desde el viernes —sin cambios respecto al balance divulgado el domingo—, lo que deja todavía 53 casos sin verificar frente a la cifra total anunciada por el gobierno.
Una demanda que Figuera enmarca como prioridad nacional
Más allá de exigir claridad sobre las cifras específicas, Figuera indicó que su delegación se mantiene “vigilante” para que las excarcelaciones efectivamente se produzcan, calificando el tema como “una gran demanda nacional” dentro del proceso de diálogo que documentamos en detalle esta semana. La postura de Figuera se suma a la de otras organizaciones que han insistido en la misma dirección: el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) también reclamó el sábado mayor transparencia en el proceso de verificación, reforzando la presión conjunta de distintos sectores sobre el gobierno para que aclare de forma definitiva cuántas de las 131 personas anunciadas efectivamente recuperaron su libertad.
Este reclamo por transparencia en las cifras no es un episodio aislado dentro del propio proceso de diálogo. Como documentamos en nuestra columna sobre el cierre del primer ciclo de negociaciones, ese proceso —que se extendió del 6 al 12 de agosto— cerró con dos acuerdos concretos: atención a las víctimas del terremoto de junio y reforma del Tribunal Supremo de Justicia, sin ningún compromiso sobre el Poder Ejecutivo ni un cronograma electoral. La discrepancia actual sobre las cifras de excarcelados añade una nueva capa de tensión sobre la credibilidad general del proceso, en un momento donde la propia delegación opositora necesita mostrar resultados verificables ante una ciudadanía que, según hemos documentado, sigue esperando señales más contundentes de avance democrático real.
Por qué esto importa para la diáspora venezolana: que la propia jefa de la delegación opositora en las negociaciones exija públicamente claridad sobre estas cifras, en lugar de simplemente celebrar el anuncio gubernamental sin cuestionarlo, es una señal de que el proceso de diálogo mantiene, al menos hasta ahora, un margen genuino de escrutinio independiente sobre las promesas del gobierno. Para la diáspora venezolana que sigue de cerca cada uno de estos anuncios con la esperanza de reconocer el nombre de algún familiar entre los liberados, esta insistencia en la transparencia numérica no es un detalle técnico menor: es la diferencia entre confiar en un proceso que rinde cuentas de forma verificable, o aceptar sin más las cifras que el propio gobierno decide anunciar.