El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, apenas dos días después de que concluyera el primer ciclo del diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición que documentamos esta semana. Según el propio comunicado, las liberaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática —creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez— solicitara una evaluación de los casos.

La brecha entre la cifra oficial y lo que las organizaciones de derechos humanos logran verificar de forma independiente sigue siendo, como en anuncios anteriores de este tipo, considerable. La ONG Foro Penal confirmó únicamente 29 excarcelaciones de las 131 anunciadas por el gobierno. Por separado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) reportó la liberación de más de 20 personas consideradas presos políticos, entre ellas Marifrancys Marcano, Yolimar Alemán y Daniel Zambrano, quienes permanecían detenidos desde hace varios años.

Este patrón de discrepancia entre las cifras oficiales y las verificadas por organizaciones independientes se ha repetido en prácticamente todos los anuncios de excarcelaciones masivas desde la captura de Nicolás Maduro en enero. En una sesión parlamentaria de enero, el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había cifrado en más de 400 las personas excarceladas hasta ese momento, mientras Foro Penal apenas lograba verificar 56 —una brecha proporcionalmente similar a la de hoy—. El balance público más reciente de Foro Penal, actualizado al 27 de julio, contabilizaba todavía 379 presos políticos en el país: 353 hombres y 26 mujeres, de los cuales 219 son civiles y 160 militares, con 157 ya condenados y 222 sin condena. La organización estima además que más de 11,380 personas permanecen sujetas a medidas restrictivas de libertad que considera arbitrarias.

El momento elegido para este nuevo anuncio no parece casual. Llega apenas dos días después de que el chavismo y la oposición liderada por Dinorah Figuera cerraran el primer ciclo de su diálogo con dos acuerdos concretos —atención a las víctimas del terremoto de junio y reforma del Tribunal Supremo de Justicia—, un proceso que, como documentamos en nuestra columna sobre ese cierre, no incluyó ningún compromiso sobre el Poder Ejecutivo ni un cronograma electoral. Un anuncio de excarcelaciones inmediatamente después de ese cierre puede leerse como un gesto adicional de buena voluntad del gobierno hacia el proceso, o como una forma de generar una narrativa positiva que distraiga de la ausencia de avances en el tema que de verdad preocupa a buena parte de la sociedad venezolana: quién gobierna el país y bajo qué legitimidad.

Por qué esto importa para la diáspora venezolana: cada anuncio de excarcelaciones masivas trae consigo una combinación de esperanza genuina para las familias de los detenidos y escepticismo justificado sobre la cifra real, dado el historial reiterado de discrepancias entre lo que anuncia el gobierno y lo que las organizaciones independientes logran confirmar caso por caso. Para la diáspora venezolana, que sigue de cerca cada uno de estos anuncios con la esperanza de reconocer el nombre de algún familiar o conocido entre los liberados, la persistencia de esta brecha de verificación es un recordatorio de que, incluso en los gestos que el gobierno presenta como positivos, la transparencia real sigue siendo la excepción, no la norma.