Esta es una columna de opinión de Kevin Rondón, fundador de este medio.

El chavismo y un sector de la oposición venezolana cerraron ayer, miércoles 12 de agosto, el primer ciclo completo de su diálogo nacional, un proceso que se había iniciado apenas seis días antes en el hotel Gran Meliá de Caracas. El comunicado conjunto, firmado por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, deja dos acuerdos concretos sobre la mesa: atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio —vivienda, electricidad, salud, recolección de escombros, con la intención de recuperar el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra— y reformar el sistema de justicia, empezando por la renovación completa de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Delcy Rodríguez lo celebró como “el primer paso”. Yo lo leo distinto: es un paso, sí, pero en la dirección que menos le urge al venezolano común.

Vamos a lo que sí se acordó, porque tiene su mérito. Que ambas partes se comprometan formalmente a reformar la Ley Orgánica del TSJ y a renovar el Comité de Postulaciones Judiciales no es poca cosa en un país donde el sistema de justicia lleva más de dos décadas señalado como uno de los pilares más comprometidos del control chavista. Y que se priorice, con nombre y mecanismo concreto, la atención a las más de 6,300 personas que murieron en los terremotos de junio, es una necesidad humanitaria real que no debería depender de ninguna negociación política para resolverse, pero que al menos ahora tiene un compromiso formal detrás.

Ahora vamos a lo que no se acordó, porque ahí está mi verdadero desacuerdo con cómo se está vendiendo este proceso. En ningún punto del comunicado aparece una palabra sobre el Poder Ejecutivo. No hay cronograma electoral. No hay fecha para que Venezuela tenga, de nuevo, un presidente elegido por su pueblo en las urnas, en vez de una presidenta encargada que llegó al cargo por la vía de una captura militar contra su antecesor, no por un voto. Delcy Rodríguez sigue al frente del país, y este primer ciclo de diálogo, con todo lo que negoció, no tocó ni de lejos esa pregunta.

Y esa pregunta, para mí, no es una más dentro de una larga lista de reformas pendientes. Es la pregunta. Se puede reformar el TSJ, se puede renovar el Consejo Nacional Electoral, se puede reconstruir cada casa destruida por el terremoto —y de hecho, ojalá se haga, y rápido—, pero si al final de ese proceso Venezuela sigue gobernada por alguien que no salió de una elección libre, todo lo demás es administración de la crisis, no solución de la crisis. El venezolano que hoy hace fila para el gas, o que envía remesas a su familia desde el exterior, o que decide si regresar o quedarse afuera, no está esperando un TSJ mejor reformado. Está esperando saber quién manda, y por qué derecho manda.

Que Estados Unidos haya expresado su “satisfacción” por este primer ciclo, enmarcándolo dentro de lo que Marco Rubio llama su “plan de tres fases” hacia una transición electoral, tampoco me tranquiliza del todo. Washington puede estar satisfecho con el ritmo, pero el ritmo que a Washington le sirve —estabilización gradual, sin sobresaltos, con el statu quo del Ejecutivo intacto mientras se resuelven otros temas— no es necesariamente el ritmo que el pueblo venezolano necesita o merece. Y mientras tanto, afuera del hotel donde se firmaba este acuerdo, había sindicalistas protestando para pedir, precisamente, elecciones presidenciales este mismo año. Esa protesta, más que el comunicado oficial, es la que mejor refleja lo que de verdad se está preguntando la calle.

Tampoco quiero ser injusto con el proceso: seis días de conversaciones ininterrumpidas, con submesas técnicas, con reuniones paralelas de Figuera con presos políticos y sus familias, no es un ejercicio vacío. Es trabajo real, y probablemente sea más de lo que este país había logrado sentar en una mesa en años. Mi desacuerdo no es con que se dialogue —dialogar es, casi siempre, mejor que no hacerlo—. Mi desacuerdo es con la velocidad y el orden de prioridades: que lo primero que se resuelva sea el TSJ y no el cronograma para que Venezuela vuelva a votar por su presidente, dice mucho sobre qué se está protegiendo primero en esta negociación, y no es, todavía, la voluntad popular.

Vale la pena además notar el propio lenguaje que ambas partes usaron para describir los principios que sostienen esta mesa: “solución política, pacífica, democrática y constitucional”, “igualdad política”, “reconocimiento y respeto mutuo entre las partes”. Son palabras bonitas, y en teoría apuntan en la dirección correcta. Pero un principio de “solución democrática” que, seis días después de firmado, todavía no se traduce en una sola fecha concreta para que el pueblo vote por su próximo presidente, corre el riesgo de quedarse en el terreno de la declaración de intenciones, no en el de los hechos verificables que el propio comunicado dice perseguir.

No es la primera vez que Venezuela vive un episodio de diálogo entre gobierno y oposición que promete una salida democrática. En 2019, en 2021, en distintos momentos de la última década, se sentaron mesas parecidas, con lenguaje parecido, y varias de ellas terminaron sin que el país llegara realmente a una elección presidencial libre y competitiva. Eso no significa que este ciclo esté condenado a repetir esa historia —el contexto de 2026 es genuinamente distinto, con Maduro capturado y un gobierno interino que depende mucho más de Washington que cualquier gobierno chavista anterior—, pero sí es la razón por la que prefiero medir este proceso por lo que efectivamente logra tocar la pregunta del poder, y no solo por el tono conciliador de sus comunicados.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia siguen sin estar en esta mesa, y cada ciclo que se cierra sin ellos, y sin una fecha electoral concreta, es un ciclo más donde la pregunta de fondo queda pendiente. Espero equivocarme, y espero que el próximo ciclo de este diálogo sí ponga sobre la mesa lo que hasta ahora ha evitado. Pero con lo que tenemos hasta hoy, mi conclusión se mantiene: este proceso de transición no va a satisfacer al venezolano mientras no sea el propio Poder Ejecutivo el que cambie, y lo ocupe alguien elegido de forma legítima y democrática. Todo lo demás, aunque sea necesario, es secundario frente a esa deuda pendiente.