Les cuento algo que pasó en la frontera y que, si se confirma, cambia una de las relaciones más oscuras del chavismo. La ONG Fundaredes denuncia que la Fuerza Armada venezolana bombardeó el viernes 30 de octubre un campamento del ELN en el sector Buena Vista del Meta, municipio Pedro Camejo, en Apure, frente al Vichada colombiano. Según Semana, el coordinador de la ONG en Apure, el exdiputado Juan Francisco García Escalona, dijo que el ataque “habría dejado 19 personas muertas”: nueve cuerpos trasladados a San Fernando de Apure para identificarlos y diez que seguirían en el sitio. También habla de heridos que habrían cruzado a Colombia.
Quiero ser muy claro con el nivel de certeza, porque aquí hay muertos y no se juega con eso. Lo que está más cerca de un hecho comprobado es lo que dice el director de Fundaredes, Javier Tarazona, a AFP, recogido por El Nacional: “Un coordinador de Fundaredes vio los primeros nueve cadáveres”. La ONG le entregó a la agencia un video con cuerpos, árboles caídos y restos de lo que parece un campamento. Los otros diez muertos son una cifra de la ONG y de la defensora Rocío San Miguel que nadie más ha verificado. Los nombres que circulan, sacados de cédulas y licencias encontradas en el lugar según García Escalona, tampoco tienen confirmación oficial, así que no los voy a repetir.
Y aquí viene lo que a mí más me llama la atención: el silencio. Semana reporta que “ningún vocero del gobierno venezolano o del comando militar del CEOFANB se ha pronunciado públicamente” para confirmar, negar o justificar la operación, y AFP no obtuvo respuesta. Del lado colombiano, fuentes del Ejército le dijeron a Semana que “no han recibido ninguna información por parte de Venezuela”. Un gobierno que tuvo tiempo para decretar que la Navidad empieza hoy, 1 de noviembre, no encuentra cinco minutos para explicarle al país si su aviación mató a 19 personas en su propio territorio.
Tarazona lo describe como “el primer bombardeo de Venezuela contra el ELN”. Para entender por qué eso pesa, hay que recordar que durante años Fundaredes y Bogotá denunciaron que esa guerrilla operaba con comodidad del lado venezolano, y El Nacional recuerda que Colombia acusa desde hace tiempo a Venezuela de albergar a grupos armados ilegales. El propio Tarazona pasó más de cuatro años preso por el régimen y salió apenas en febrero, en la ola de excarcelaciones de este año. San Miguel habla ahora de “un cambio en la doctrina” del Ejército, y advierte que “hay mucho miedo en la zona” y que, si esto escala, las comunidades podrían verse desplazadas.
El contexto ayuda a leerlo. Según El Nacional, hace un mes un choque entre el ELN y militares venezolanos dejó un muerto y cinco heridos, y en las últimas semanas se han reportado ataques de grupos colombianos en al menos cuatro estados. En Colombia gobierna Abelardo De la Espriella, que desde el 7 de agosto lleva una ofensiva militar contra los grupos armados con apoyo de Estados Unidos. Y Delcy Rodríguez gobierna bajo la mirada de Washington desde la captura de Maduro en enero. Yo no tengo cómo probar que una cosa explique la otra, y nadie lo ha confirmado, pero cuesta creer que la FANB haya descubierto de repente, por convicción propia, que el ELN era un problema.
Lo que sí sé es que la gente de Apure ha vivido años entre la guerrilla, el contrabando y una Fuerza Armada que no la protegía. Si ahora hay bombardeos, esa misma gente merece saber quién murió, quién dio la orden y qué viene después. ¿Ustedes creen que este giro es una política real contra la guerrilla o un gesto para la foto con Washington?
