Esta es una de esas noticias que no salen en la calle pero que tocan algo que muchos venezolanos todavía sienten como suyo: Citgo, la refinadora de PDVSA en Estados Unidos, la de las estaciones de gasolina con el triángulo rojo. El martes 27, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, confirmó por unanimidad que los bonos PDVSA 2020 son válidos, y con ellos la garantía que los respalda, que es nada menos que el 50,1% de Citgo Holding, según reportaron El Diario y Diario Las Américas.

Les cuento de dónde viene esto, porque la historia es larga. En octubre de 2016, PDVSA les ofreció a quienes tenían bonos que vencían en 2017 cambiarlos por unos nuevos que vencían en 2020. Para endulzar el canje, puso como garantía la mitad más uno de las acciones de Citgo Holding. La Asamblea Nacional de entonces, con mayoría opositora, rechazó esa prenda en un acuerdo del 27 de septiembre de 2016. El gobierno de Maduro siguió pagando esos bonos aun después de caer en default con casi todo lo demás, y el economista Francisco Rodríguez lo explica sin rodeos: si dejaba de pagar, los acreedores podían quedarse con Citgo.

En 2019 la junta ad hoc de PDVSA, nombrada por el gobierno interino de Juan Guaidó, dejó de pagar y demandó en Nueva York para anular los bonos. El argumento era que, según el artículo 150 de la Constitución, la Asamblea tenía que haberlos aprobado. Perdió en 2020 bajo la ley de Nueva York. Cuando la máxima corte de ese estado dijo que el asunto se decidía con ley venezolana, el caso volvió a primera instancia y la jueza Katherine Polk Failla falló otra vez a favor de los acreedores en septiembre de 2025. Ahora el Segundo Circuito le dio la razón a ella. Ni el artículo 150 anulaba el canje ni la doctrina del acto de Estado obligaba a los jueces de Nueva York a acatar las resoluciones de la Asamblea, según el resumen que publicó Caracas Chronicles.

¿Cuánto está en juego? La sentencia de octubre de 2025 ordenó a PDVSA y PDVSA Petróleo pagar unos 2.860 millones de dólares entre capital e intereses, más los intereses que siguen corriendo, según El Diario. Los bonos cerraron el martes en 114,25 centavos por dólar, lo que les dice que el mercado ya daba esto por descontado.

Lo que no significa la sentencia es que los bonistas sean ya dueños de Citgo. No pueden ejecutar la prenda mientras las sanciones lo impidan. La OFAC primero había fijado el 17 de septiembre como fecha para autorizar operaciones con estos bonos y luego, con la licencia general 5Z, la corrió al 5 de noviembre de 2026, según The Rio Times. Y en paralelo sigue el otro pleito, el de Delaware, donde un juez aprobó en noviembre de 2025 una oferta de 5.900 millones de dólares de Amber Energy, filial del fondo Elliott, por PDV Holding, la empresa que controla Citgo. Esa venta todavía no se ha cerrado y necesita el visto bueno del Tesoro. Ahí es donde se va a pelear quién cobra primero, si los bonistas de 2020 o los demás acreedores que llevan años haciendo fila. El abogado José Ignacio Hernández lo resumió en una frase: “ahora la presión sobre Citgo es mayor”.

A PDVSA le quedan dos puertas: pedir que el mismo tribunal revise el caso en pleno o llevarlo a la Corte Suprema, que escoge muy pocos casos. Ninguna de las dos es fácil, y ninguna detiene el reloj de la OFAC.

A mí lo que me llama la atención es la lectura política. Francisco Rodríguez sostiene que la tesis de la Asamblea era débil desde el principio, porque la ley y la práctica venezolanas eximían a PDVSA de pedir permiso para endeudarse, y que este precedente puede ayudar a blindar el acuerdo petrolero con Estados Unidos, que según él compromete el 20% de los recursos petroleros del país, como un contrato difícil de anular más adelante. O sea, el mismo argumento que la oposición usó para defender Citgo queda muy debilitado para cuestionar los acuerdos que vengan. Se los dejo como pregunta: después de siete años de pleitos, honorarios y esperanzas, ¿alguien en Caracas está pensando en cómo recuperar lo que queda de Citgo, o ya se dio por perdida?