Tangieth Paola Carrasquero López, una venezolana de 23 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 27 de julio en Atlanta, durante lo que debía ser una cita migratoria de rutina. Según relató su pareja a EFE, Paola se encontraba en medio de un proceso de asilo activo, contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS) vigente, y tenía un permiso de trabajo válido hasta el año 2030. Nada de eso evitó su detención.
Un patrón que las propias organizaciones califican de “peligroso”
Desde hace algunos meses, ICE comenzó a detener a personas que se presentaban a sus citas migratorias programadas, como parte de la ofensiva que la administración Trump intensificó el año pasado. Organizaciones hispanas y abogados de inmigración han alertado públicamente sobre esta práctica, advirtiendo que citas que antes se consideraban rutinarias y seguras ahora resultan “peligrosas” para la mayoría de los migrantes, incluidos aquellos con procesos de asilo pendientes o TPS todavía vigente, como el caso de Paola.
El dilema imposible: acudir o no acudir
Este patrón coloca a cientos de miles de inmigrantes ante una disyuntiva sin buena salida. Según reportó Infobae hoy mismo, faltar a una cita migratoria también puede traer consecuencias graves para el caso de cada persona, mientras que acudir, como demuestra el caso de Paola, no garantiza ninguna protección real pese a tener el estatus legal en regla. Expertos consultados por Telemundo Atlanta explican que, en general, el riesgo de una detención inmediata en este tipo de citas se concentra en quienes tienen una orden previa de deportación, o en quienes las autoridades determinan que califican para un proceso de remoción expedita, aunque casos como el de Paola muestran que ni siquiera contar con TPS y un permiso de trabajo vigente ofrece garantía completa.
La recomendación, pese a todo: no dejar de acudir
Pese al riesgo documentado, los abogados de inmigración consultados mantienen la misma recomendación: no faltar a una cita oficial, pero sí acudir siempre acompañado de representación legal cuando sea posible. Quienes son detenidos conservan derechos concretos, incluido el derecho a expresar temor de regresar a su país de origen, lo que puede derivar en una entrevista de “miedo creíble” para evaluar una eventual solicitud de asilo, así como el derecho a solicitar la presencia de un abogado antes de responder cualquier pregunta o firmar cualquier documento.
Un fenómeno que se extiende más allá de las citas presenciales
Este patrón de detenciones en momentos donde los inmigrantes cumplen voluntariamente con sus obligaciones legales no se limita a las citas migratorias: documentamos hace unos días cómo ICE también ha comenzado a usar información de pasajeros compartida por la TSA para detener a personas directamente en aeropuertos, incluso cuando cuentan con procesos migratorios legítimos en trámite.
Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: el caso de Paola confirma, con nombre y circunstancias documentadas, que cumplir con cada requisito legal, mantener el TPS vigente, sostener un proceso de asilo activo, portar un permiso de trabajo válido por años más, ya no garantiza protección frente a una detención migratoria. Para las familias hispanas que viven bajo ese mismo tipo de estatus, la recomendación de los abogados de seguir acudiendo a las citas oficiales, pese al riesgo real que representan, resume la naturaleza contradictoria de la situación actual: no presentarse tiene consecuencias legales negativas, pero presentarse tampoco asegura, como demuestra este caso, que la persona regrese a casa.