Christian Castro, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de dispararle a un inmigrante venezolano y de mentir al respecto durante un operativo migratorio en Minneapolis, fue liberado la madrugada de este jueves de un centro de detención en Brownsville, Texas, después de que el juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr. se negara a ordenar su regreso a Minnesota. Castro salió del centro de detención rodeado de periodistas, hizo un gesto con la mano hacia las cámaras, y se subió rápidamente a una camioneta.

Lo que ocurrió la noche del disparo

Según la denuncia penal de la Fiscalía del Condado de Hennepin, Minnesota, el 14 de enero de 2026, durante la llamada “Operación Metro Surge”, Castro perseguía desde varios minutos antes a Alfredo Alejandro Aljorna, un venezolano con estatus legal que realizaba un reparto para DoorDash. Según un video de una cámara municipal citado en la denuncia, cuando Aljorna llegó corriendo a su vivienda, se resbaló, y Castro lo alcanzó y forcejeó con él en el suelo. Julio César Sosa-Celis, otro venezolano en situación legal que vivía en esa casa, intervino para ayudar a Aljorna a soltarse, y ambos corrieron hacia la puerta de entrada. Castro disparó un arma a través de esa puerta principal, hiriendo a Sosa-Celis en la pierna. Según la fiscalía, “la bala atravesó la puerta e impactó a una víctima en la pierna antes de quedar atrapada en la pared de la habitación de un niño”.

La acusación de encubrimiento que agrava el caso

Tras el tiroteo, autoridades federales acusaron a Sosa-Celis y a Aljorna de agredir a un agente de ICE con el mango de una escoba y una pala para nieve. Un juez federal desestimó posteriormente esos cargos, lo que abrió una investigación sobre si dos agentes de ICE, incluido Castro, mintieron bajo juramento. Castro enfrenta actualmente cuatro cargos por agresión con arma peligrosa y uno por denuncia falsa en Minnesota.

Una disputa entre dos estados por la extradición

Después de que un juez de Minnesota emitiera en mayo una orden de arresto a nivel nacional, autoridades de ese estado detuvieron a Castro en el condado de Cameron, Texas, el 29 de mayo. Minnesota ha buscado su extradición desde entonces, pero Castro permaneció detenido en Brownsville, ciudad fronteriza con México, sin que se concretara el traslado. Según la ley de Texas, y en ausencia de una extradición formalizada, Castro debía ser liberado tras 90 días de detención, plazo que se cumplió este jueves. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, había solicitado la semana pasada una orden de restricción temporal para bloquear la liberación de Castro o exigir su traslado, pero el juez Rodríguez determinó que carecía de autoridad para impedir que el sheriff del condado lo liberara, ni para ordenar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que firmara la orden de extradición correspondiente.

El temor de que Castro pueda salir del país

Funcionarios de Minnesota han expresado preocupación de que Castro, ya en libertad y a pocos kilómetros de la frontera con México, pueda huir del país antes de enfrentar la justicia en su estado. Es un desenlace que deja el caso en un limbo legal: un agente federal acusado formalmente de disparar contra un civil y de mentir bajo juramento sobre las circunstancias, libre y sin fecha clara para comparecer ante los cargos que se le imputan.

Por qué esto importa para la comunidad hispana en Estados Unidos: este caso ilustra, con nombre propio y documentado en video, el tipo de conducta que organizaciones de derechos civiles llevan meses denunciando sobre ciertos operativos migratorios: el uso de fuerza letal contra personas con estatus legal en el país, seguido de acusaciones que un tribunal determinó falsas. Para las comunidades venezolanas e hispanas en general que siguen de cerca la forma en que se conducen estos operativos, la liberación de Castro sin que su caso avance hacia un juicio en Minnesota plantea una pregunta de fondo sobre la rendición de cuentas real que enfrentan los agentes federales cuando las acusaciones en su contra involucran el uso de armas de fuego contra civiles.