Hay dos noticias del viernes que conviene leer una al lado de la otra, porque hablan de lo mismo desde dos esquinas distintas.

La primera es de calendario. El Comité de Postulaciones Judiciales, el que va a filtrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se instaló formalmente el viernes 23, aprobó por unanimidad su reglamento interno y fijó para el miércoles 28 de octubre el inicio de la recepción de candidaturas, según La Prensa de Lara. Lo preside el diputado Giuseppe Alessandrello, que dejó una frase para el acta: “El Poder Judicial es fundamental para garantizar la paz”. El lunes 26 a las tres de la tarde tienen otra reunión para afinar la logística.

El Informador Venezuela agrega los números del proceso. Son 23 miembros, 11 del Parlamento y 12 de la sociedad civil. Se van a cubrir 32 cargos entre magistrados principales y suplentes, además de los jefes de la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela de la Magistratura. La recepción de aspirantes durará unos 15 días; después de publicada la lista definitiva, habrá otros 15 días continuos para que cualquier ciudadano impugne a un candidato, con pruebas de que no cumple los requisitos. Los criterios de mérito académico y experiencia, ojo con esto, todavía están “en análisis”.

La segunda noticia es de la Iglesia. Ese mismo viernes, al cierre de su 126.ª Asamblea Plenaria, la Conferencia Episcopal Venezolana leyó una exhortación pastoral, en voz del arzobispo de Mérida, monseñor Helizandro Terán, en la que exigió “elecciones libres y transparentes”, “un Consejo Nacional Electoral imparcial y un Tribunal Supremo de Justicia independiente”, y “el cese de las inhabilitaciones políticas”, según El Venezolano News. Los obispos advirtieron que “el clima político continúa agravándose” y, sobre los presos políticos, dijeron algo que cualquiera debería poder firmar: “nadie debería permanecer detenido por pensar de manera diferente”.

El Diario recoge el resto del documento, que es largo y bastante duro con la realidad social: salarios de docentes que no alcanzan, hospitales sin insumos, bonos que sustituyen al sueldo, pensiones que no llegan a nada. Y una frase que me parece clave: “la asistencia que presta la Iglesia no sustituye la responsabilidad del Estado”. También pidieron derogar las leyes que restringen el trabajo de las ONG, para que puedan ayudar a los damnificados de los terremotos.

A mí lo que me llama la atención es el orden de los factores. La Iglesia pone el TSJ independiente como condición para unas elecciones creíbles, y el país está, justo ahora, escogiendo a ese TSJ. O sea, el tribunal que algún día tendría que arbitrar una disputa electoral se arma antes de que exista una fecha de elecciones. Y se arma con un comité donde, como les conté el viernes, Transparencia Venezuela señaló vínculos con el chavismo en dos de los doce representantes de la sociedad civil, que sumados a los ocho diputados oficialistas dan 10 de 23. No es mayoría, pero tampoco es un detalle menor.

Lo bueno es que el proceso tiene una ventana pública. Esos 15 días de impugnaciones son el momento en que las ONG, los gremios de abogados y cualquier ciudadano con pruebas pueden decir “este candidato no cumple”. Si nadie usa esa ventana, después no vale quejarse de quién terminó sentado en la Sala Constitucional o en la Sala Electoral.

Hay que recordar de dónde venimos. Ese TSJ fue el que declaró en desacato y dejó sin poder a la Asamblea electa en 2015, el que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y el que “certificó” en 2024 los resultados del CNE sin que se publicaran las actas mesa por mesa. Cambiar las caras es necesario, pero no basta. La pregunta que me hago, y que les dejo, es sencilla: ¿llegará el día en que un venezolano demande al Estado ante ese tribunal y gane, sin que nadie se sorprenda?