Raquel Herrera perdió a su esposo y a su hermana cuando se vino abajo su edificio cerca de Puerto Viejo, en La Guaira, el 24 de junio. Más de cuatro meses después, el código QR que el Estado le entregó para pedir un crédito de vivienda pone su edificio con otro nombre y en otra parroquia. Así lo cuenta The Rio Times en un reporte publicado este sábado 7 de noviembre, que resume las denuncias de propietarios de 38 conjuntos residenciales y la revisión de un medio venezolano que encontró al menos 118 edificios de la costa central con registros contradictorios.

Les explico por qué un QR mal hecho es tan grave. El plan Venezuela Renace, el programa del gobierno de Delcy Rodríguez para los damnificados de los terremotos, ofrece que el Estado pague el 80% de una vivienda de hasta 70.000 dólares, o el 50% si cuesta entre 70.000 y 100.000, con créditos de hasta 25 años en el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, según el Ministerio de Economía y Finanzas citado por The Rio Times. Pero para entrar al plan hay que demostrar que tu casa colapsó, y la única prueba que aceptan los bancos es el código QR de la Comisión Presidencial de Habitabilidad. Si el QR dice “daño leve”, para el banco tu edificio sigue en pie, aunque tú lo hayas visto caer con tu familia adentro.

Y eso es justamente lo que está pasando. Los dueños del edificio Abejita II, en Caraballeda, dicen que una primera inspección lo clasificó como colapsado y que ahora el código registra solo daño leve. En el edificio Arichuna, en Los Corales, donde murieron al menos 38 personas, el QR general del edificio dice “colapsado” y los QR personales de los vecinos dicen “etiqueta amarilla”, es decir, habitable, según TalCual. “Debido a ese error no hemos podido optar al crédito hipotecario”, le dijo a TalCual Yessibel Otero, propietaria en Arichuna, que hoy vive en Caricuao. Yecid Espinosa, que perdió a su hijo en ese edificio, contó que la familia quedó “totalmente desamparada”. A los vecinos les dijeron que el QR se corregiría en dos o tres días. Eso fue hace más de dos meses.

En Macuto, Armando Rojas, que vivió 30 años en Las Quince Letras, vio cómo su edificio pasó de “colapsado” a “etiqueta roja” y fue al Ministerio de Vivienda en Caracas al menos 15 veces en un mes, según El Pitazo. Su conclusión resume el absurdo mejor que cualquier análisis mío: habrá que implosionar el edificio para acceder al crédito. En el conjunto Los Delfines, de Playa Grande, son 148 familias en dos torres; el QR de una desapareció del sistema después de una nueva inspección y el de la otra cambió de “colapsado” a “etiqueta roja” de un día para otro. El Pitazo le preguntó al Ministerio de Hábitat y Vivienda por esos cambios y no obtuvo respuesta. En los Oppp 33, 34 y 35 hablan de unas 500 familias afectadas, según La Verdad de Vargas.

La propia base de datos de la comisión contaba 999 edificaciones colapsadas en el estado La Guaira al 3 de noviembre, una cifra que mezcla casas, comercios y edificios públicos. Lo que nadie ha dicho es cuántos registros se han corregido, cuándo habrá nuevas inspecciones, si el error viene del censo, de los inspectores o del sistema, ni si el gobierno va a flexibilizar la exigencia del certificado de colapso. El Ministerio de Economía prometió que los bancos responderían en cinco días hábiles. El problema es que el expediente ni siquiera llega al banco.

A mí esto me recuerda algo que ya contamos en octubre, cuando Delcy prometió vaciar los campamentos antes de diciembre: el anuncio siempre llega antes que la solución, y la carga de la prueba la termina pagando la víctima. Un gobierno que digitalizó el censo para mostrar eficiencia ahora le pide a una viuda que demuestre, con un código que el mismo gobierno hizo mal, que su casa se cayó. Mientras Caracas enciende las luces de Navidad, en La Guaira hay familias haciendo cola en un ministerio para que una pantalla reconozca lo que todo el país vio por televisión. ¿Cuántas de esas familias van a pasar diciembre esperando que alguien en una oficina corrija una etiqueta?