La Asamblea Nacional aprobó este martes en primer debate la reforma de la llamada Ley contra el Odio, la que la Constituyente de Maduro sacó en noviembre de 2017 con penas de hasta 20 años de cárcel. Según la nota de Infobae, el texto elimina la prisión, la sustituye por multas y trabajo comunitario, contempla sanciones y “exhortaciones” a los medios sin poder revocarles la concesión, multa a quien difunda mensajes de odio en redes y le cambia el nombre: ahora se llamaría Ley de Convivencia Pacífica y Tolerancia.
Les confieso que lo primero que me llama la atención es el nombre. Cuando un gobierno siente que tiene que maquillar una ley, es porque sabe perfectamente lo que esa ley hizo. Y lo sabe: la propia Delcy Rodríguez, que fue quien pidió la reforma al Parlamento el 29 de septiembre, reconoció que la norma “fue mal aplicada”. Mal aplicada es una manera muy suave de describir lo que pasó. Foro Penal contabiliza al menos 927 personas acusadas de incitación al odio desde 2017, con datos a finales de septiembre, y Cecodap documentó 118 adolescentes imputados con esta ley solo entre 2024 y 2025, un caso que ya contamos aquí. Eso no es un error de aplicación. Eso fue el uso para el que se escribió.
Ahora vamos a lo que no cambia, que es lo que más me preocupa. La diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, votó en contra y advirtió dos cosas: que la ley “sirvió para perseguir la disidencia” y que los artículos ni siquiera se habían presentado completos. Según ella, las sanciones pasarían a ser procedimientos administrativos a cargo del Ministerio de Interior. Es decir, el delito de opinar sigue existiendo; lo que cambia es quién castiga y con qué. Ya no te mete preso un juez, te multa un ministerio. Para un periodista, para un tuitero, para un medio pequeño que vive al día, una multa administrativa decidida por el poder político puede ser igual de asfixiante.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, defendió el texto diciendo que no se usará para “la persecución de nadie” y llegó a hablar del riesgo de una guerra civil. Viniendo de quien viene, permítanme dudar. Es el mismo Jorge Rodríguez que durante años presidió un sistema donde esta ley llenó calabozos.
Frente a eso, la posición del otro lado es casi unánime. La Plataforma Unitaria Democrática dice que la ley “debe ser derogada, no reformada”. Human Rights Watch recomendó la derogación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas piden lo mismo. Y la CIDH, junto con su Relatoría para la Libertad de Expresión, considera insuficiente una reforma parcial y pide que se publique el texto completo. Yo estoy exactamente ahí: esta ley no se arregla, se deroga. Una norma nacida para silenciar no se vuelve democrática porque le cambien el nombre y le bajen la pena.
Lo que viene ahora es una consulta pública, un segundo debate artículo por artículo y la votación final, todo esto mientras Foro Penal sigue contando 322 presos políticos, 140 de ellos militares, con corte al 26 de octubre, y mientras el diálogo prepara su cuarta ronda del 11 al 15 de noviembre. Esa consulta será la prueba. Si de verdad quieren convivencia, ¿por qué no empiezan por soltar a todos los que siguen presos por lo que dijeron?